Dos caras del salario obrero en 2026: el avance paritario de la UOCRA frente al fuerte ajuste rural en Silicon Valley

Los obreros nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) ya están percibiendo los nuevos aumentos acordados a principios de este año. El gremio, bajo la conducción de Gerardo Martínez, logró cerrar una recomposición salarial con las cámaras empresarias que impactó de lleno en los sueldos del primer bimestre. Quienes cobraron la liquidación correspondiente al mes de enero durante los primeros días de febrero vieron reflejado en sus recibos un incremento del 2%.

Este esquema fue producto de las arduas negociaciones con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). La paritaria definió un esquema de aumentos acumulativos que se calculan sobre los básicos vigentes de cada período. Al 2% de enero, que se aplicó tomando como base los sueldos de diciembre de 2025, se le sumó un 1,8% para febrero calculado sobre los montos del mes anterior. Todos estos porcentajes tienen un impacto directo en las distintas escalas del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 y también abarcan a los trabajadores encuadrados en el CCT 577/10, que es el que rige para actividades específicas como redes, líneas y canalizaciones.

Sumas fijas y no remunerativas por categoría

Más allá de los porcentajes, la paritaria incluyó el pago de montos fijos mensuales que varían según la calificación de cada trabajador y la región del país en la que se desempeñe. Tomando como referencia la zona A, un sereno o un ayudante cobra una suma no remunerativa de $96.800. Para un medio oficial la cifra llega a los $102.800, un oficial percibe $112.200 y el oficial especializado alcanza los $121.800. Cabe aclarar que estos valores se ajustan y suben de manera progresiva si el trabajador realiza sus tareas en áreas geográficas más desfavorables, como las zonas B, C o la C-Austral.

La otra cara de la moneda en el campo estadounidense

Mientras los obreros argentinos logran sostener sus ingresos a través de la herramienta sindical, a miles de kilómetros de distancia el panorama laboral resulta crítico. En el Valle de Santa Clara, California, el gobierno federal avanzó con una fuerte poda salarial que afecta de forma directa a los trabajadores rurales temporarios. En octubre pasado, omitiendo el período reglamentario de consulta pública, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos impuso nuevas normativas que recortaron bruscamente el sueldo de los peones ingresados con visas H-2A. Dependiendo del estado, la quita llega a ser de hasta 7 dólares por hora.

Frente a esta dura ofensiva, la diputada nacional Zoe Lofgren presentó a fines del mes de marzo una resolución en el Congreso para intentar frenar la medida. Organizaciones sociales y defensores de los derechos de los trabajadores rurales salieron al cruce del gobierno argumentando que esta baja en los sueldos no solo asfixia a los migrantes, sino que tira a la baja todas las remuneraciones de los trabajadores locales.

Reclamos legales y el avance del trabajo migrante

Daniel Larios, uno de los voceros de la United Farm Workers Foundation, fue tajante al respecto. Afirmó que quienes se rompen la espalda cultivando los alimentos que consume todo el país deberían poder mantener a sus propias familias con lo que ganan. Según la postura de Larios, la administración de Donald Trump está aplicando un recorte salarial ilegal para transferir miles de millones de dólares de los bolsillos obreros hacia las cuentas de los grandes patrones agrícolas. Frente a esto, la fundación y el histórico sindicato United Farm Workers llevaron a la gestión nacional a los tribunales y actualmente están a la espera de la resolución de un juez federal.

El impacto de estas medidas es masivo si se analizan los datos de la última década. California vivió una verdadera explosión en el uso de visas H-2A. El condado de Santa Clara, a modo de ejemplo, pasó de no tener ni una sola certificación en 2013 a registrar 513 el año pasado. Si miramos los números a nivel nacional, las estadísticas de 2025 marcan que se otorgaron cerca de 400.000 visas, concentradas mayoritariamente en estados de fuerte peso agrícola como California, Washington, Georgia, Florida y Carolina del Norte.

El rol estatal y el costo de vida rural

El programa de visas H-2A existe desde 1986. Le permite a los empresarios contratar a extranjeros por temporadas que no superen el año, siempre y cuando logren demostrar que no consiguen mano de obra local dispuesta a hacer el trabajo. Quienes contratan bajo esta modalidad tienen la obligación de hacerse cargo del transporte y la vivienda de los jornaleros. Tradicionalmente pagaban sueldos por encima del salario mínimo estatal justamente para no perjudicar las oportunidades de los residentes locales.

Hoy la realidad marca una situación muy distinta. Sylvia Arenas, supervisora del Distrito 1 del condado de Santa Clara y representante de la zona sur rural, expresó su profunda preocupación por el daño económico que estas decisiones están causando en su región. Acusó directamente a las políticas exteriores de Trump de disparar los precios de los fertilizantes y el gasoil, costos que ahora la Casa Blanca busca compensar ajustando a los eslabones más débiles de toda la cadena productiva. Arenas también reconoció el trabajo legislativo de Lofgren, destacando su compromiso histórico para defender a los jornaleros y sus gestiones para conseguir financiamiento estatal que permita construir centros de recursos y recuperar las precarias viviendas de las familias trabajadoras en Santa Clara.